El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 del País Vasco otorgó el permiso a un recluso de la cárcel de Martutene, en Guipúzcoa, para reunirse por última vez cara a cara con su perro antes de que la mascota sea sacrificada debido a su deteriorado estado de salud.
La petición del recluso fue presentada formalmente en junio pasado, y después de varias reuniones entre el juez y el sicólogo de la prisión, se dio luz verde al encuentro. Sin embargo, esta concesión se estableció bajo ciertas condiciones: el perro deberá asistir a la visita acompañado de un familiar del preso al que también se le haya otorgado el permiso para verse. Además, se requerirá una verificación veterinaria que confirme la enfermedad del animal y su inminente sacrificio. Otra condición importante es que, en caso de que el perro ensucie las instalaciones, será responsabilidad del recluso limpiarlas.
Esta decisión ocasionó un debate entre los funcionarios de prisiones. Rafael Paniza, portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), expresó su desacuerdo con esta práctica y señaló que la situación en las cárceles ya es complicada como para tener que ocuparse de asuntos relacionados con animales domésticos desde el exterior.
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Este caso no es la primera vez que se autoriza una visita de este tipo en una prisión. Recientemente, una jueza en Pamplona permitió a una reclusa tener un dispositivo Satisfayer, alegando que no representaba ningún peligro al estar hecho de goma; sin embargo, se impusieron restricciones, como su uso individual y en privacidad.
