La reducción de la jornada laboral a 40 horas en México es una realidad y comenzará a implementarse de manera gradual y paulatina, de acuerdo con lo anunciado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños. Esta medida busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y contribuir al desarrollo nacional.
Sin embargo, el plazo hasta 2030 parece excesivamente largo, y algunos analistas han referido que la falta de un cronograma específico y la historia de retrasos legislativos significan un riesgo de que la reforma se diluya o se posponga indefinidamente, especialmente si cambia el panorama político tras las elecciones de 2027.
Este plan puede traer consigo pros, contras y riesgos en su implementación paulatina, en contraste con una reforma inmediata.
HOY PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INICIA REFORMA 40 horas.
— #YoPorLas40Horas (@YoPorLas40Horas) May 1, 2025
-Diputados trabajarán en mesas de trabajo con empresarios y trabajadores otra vez.
-Si se hará pero gradual y llegar a 40 horas para 2030.
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En el renglón de los beneficios, permitiría a las empresas, sobre todo a las PyMEs, ajustar sus operaciones, presupuestos y procesos sin enfrentar un impacto económico abrupto. Contarán con el tiempo suficiente para reestructurar turnos, contratar personal adicional o implementar tecnologías que compensen la reducción de horas, minimizando pérdidas de productividad. Además, evitarían una presión inmediata sobre los costos laborales, que podrían aumentar entre 10 % y 20 %, según estimaciones de la Canacintra.
Dentro de las desventajas, las PyMEs enfrentarán una incertidumbre prolongada sobre cómo financiar la contratación de más personal o el pago de horas extra, especialmente en sectores con márgenes ajustados. Ya que la gradualidad depende de la aprobación legislativa, que requiere de una mayoría de dos tercios en el Congreso y la ratificación de los estados, un proceso complejo que ya ha enfrentado retrasos.
A esto habrá que sumar que, mientras México mantiene una jornada de 48 horas, otros países de la región, como Colombia, que reducirá su jornada a 42 horas para 2026, podrían atraer más inversión extranjera al ofrecer condiciones laborales más atractivas. Además, sectores como la agricultura y las maquiladoras, donde los turnos largos son comunes, podrían enfrentar mayores dificultades para adaptarse, lo que podría traducirse en despidos o informalidad laboral, que ya afecta a 55 % de la fuerza laboral mexicana.
La ausencia de un plan detallado sobre cómo se aplicaría la reducción generaría incertidumbre, puesto que las empresas podrían posponer ajustes y los trabajadores podrían no ver avances concretos hasta 2030.
En concreto, la implementación gradual se justifica por la necesidad de proteger la economía, facilitar el consenso político y minimizar riesgos sociales, aunque hay voces que aseguran que debe ir acompañada de un cronograma claro y medidas de apoyo a empresas para garantizar su efectividad y evitar que los beneficios para los trabajadores se diluyan en el tiempo.
En el ámbito político, la pérdida de apoyo legislativo o la falta de continuidad podrían estancar la reforma, mientras que, en el económico, una crisis o la presión por competitividad podrían limitar su viabilidad.
Los riesgos incluyen mayor informalidad, desigualdad sectorial y pérdida de confianza pública.
