Por primera vez, el domingo iremos los mexicanos a las urnas a elegir a los titulares del poder judicial, un proceso que ha estado severamente cuestionado por la oposición que incluso ha llamado al boicot. Pero para seguirle llevando la contraria, aquí argumentamos por qué sí debemos aprovechar esta oportunidad y asistir a las urnas.
La democracia mexicana se encuentra en una encrucijada decisiva. Tras décadas de lucha por la autonomía de las instituciones, hoy emerge con fuerza un debate fundamental: ¿deben los ciudadanos elegir a los jueces y ministros del Poder Judicial? Algunos sectores afirman que esto representa una amenaza a la imparcialidad judicial, otros —cada vez más— sostienen que se trata de una exigencia de legitimidad y rendición de cuentas. Incluso, en esta semana el mismo Donald Trump protagonizó un suceso contra el poder judicial de Estados Unidos al cuestionar la “legitimidad” de haber vetado los aranceles que impuso él y su principal argumento fue: “a mí me eligió el pueblo, a ellos [los jueces] no los votaron”.
La pregunta, entonces, no es si esto debilita al Poder Judicial, sino si este poder ha sido realmente independiente y funcional para los intereses de la ciudadanía. El Poder Judicial ha gozado durante años de una autonomía que, más que blindarlo frente a los poderes fácticos, ha servido para mantenerlo alejado de la sociedad. Los procesos de designación de ministros y jueces han sido opacos, verticales y politizados. Basta con revisar los perfiles de los actuales ministros de la Suprema Corte: la mayoría llegó tras haber ocupado cargos clave en partidos o gobiernos. Es decir, no son ajenos a la política, pero sí ajenos al escrutinio popular y con una gran distancia social, no olvidemos que, en medio de la austeridad republicana de la Cuarta Transformación, han sido los únicos que no han querido reducir sus salarios. Actualmente el aguinaldo de un magistrado equivale a 109 años de trabajo de un obrero con salario mínimo, entonces, un obrero nunca ganará lo que un magistrado se lleva en una quincena.
Por otro lado, el Poder Judicial ha sido de los peores evaluados por la percepción ciudadana. Quien ha tenido la mala suerte de enfrentar algún tipo de juicio conoció lo más profundo de la corrupción, repartió dinero a todos y para todo; comprendió que “la ley es de quien la compra”; supo que los jueces se “venden” al mejor postor; vivió procesos bastante largos y desgastantes donde las partes más débiles siempre tienen más que perder. En la siguiente gráfica mostramos los tiempos que le toma a la Suprema Corte de [in]Justicia resolver un asunto. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la coordinación fiscal tardan 1,133 días en promedio, es decir más de 3 años; mientras que un simple incidente más de un año. No olvidemos que se trata de un tribunal de ultima instancia por lo que habría que sumar el tiempo que pasó en sus respectivos juzgados y tribunales de circuito. La justicia que no es pronta no es justicia.
Elaborado con datos de Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2024 (INEGI)
Por tanto, este domingo, sí debemos ir a las urnas y no hacerle el juego a los conservadores. Aquí algunos argumentos:
La derecha dice que la elección judicial por voto popular puede contaminar a los jueces con intereses partidistas. ¿Pero acaso no ocurre ya esto, bajo el modelo actual? La diferencia es que hoy esa contaminación es discrecional y elitista; con elecciones abiertas, al menos la ciudadanía tendría la posibilidad de incidir, cuestionar, y exigir cuentas. La democracia no es perfecta, pero es perfectible solo si ampliamos los márgenes de participación.
La derecha dice que la elección provocará que cualquier persona sin formación jurídica llegue al cargo. ¿Pero acaso antes sabíamos el perfil de los jueces y juzgadores? La elección implica abrir el debate sobre el perfil de quienes nos imparten justicia, sobre los mecanismos de evaluación, y sobre su vínculo con la realidad social. Se trata de diseñar una elección con filtros técnicos, pero con validación democrática, como ya ocurre en otros países con sistemas híbridos de designación.
La derecha dice que la elección es un circo y los jueces electos no tendrán legitimidad, ¿Pero acaso actualmente la justicia mexicana no arrastra una crisis de credibilidad? Cientos de miles de personas son víctimas de un sistema que protege más al poder que a la ley. El voto ciudadano puede ser un primer paso para romper ese cerco de privilegios.
Por último, ¿Acaso la pandilla del PRIAN, Salinas Pliego, Fox y demás son la brújula de la moralidad? ¡al contrario!, si ellos dicen que no hay que ir a votar, es porque sí debemos ir a votar. La elección judicial no resolverá todos los males del sistema, pero puede abrir las puertas a un nuevo pacto entre justicia y ciudadanía. La justicia, como la democracia, se fortalece si se abre al pueblo.
*Profesor-Investigador Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras
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