El silencio de las urnas: ¿por qué no se denuncian los delitos electorales?

Acabó la histórica jornada electoral del 1 de junio, en la que por primera vez, las y los mexicanos elegimos a nuestros jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, a pesar de las denuncias en redes sociales y los comentarios a pie de casilla sobre "acordeones" con nombres, despensas, promesas de dinero o incluso la compra de votos, el recuento oficial de denuncias formales por delitos electorales es, como en cada proceso, sorprendentemente bajo.

¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Por qué, a pesar de ser testigos o víctimas, preferimos no denunciar? ¿Estamos ante una preocupante normalización de estas prácticas ilegales?

Tras la jornada de este domingo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que recibió apenas 23 denuncias sobre posibles delitos electorales a nivel nacional.

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Esta cifra contrasta drásticamente con la percepción generalizada de que las irregularidades, sutiles o flagrantes, fueron una constante en diversas casillas del país.

Las redes sociales se inundaron de videos y testimonios que daban cuenta de personas orientando el voto fuera de la mampara, la presencia de "mapaches" con listas de votantes o la distribución de "ayudas" en los días previos.

La participación en esta elección judicial fue aproximadamente de 13 % a nivel nacional, una cifra baja que algunos analistas atribuyen precisamente a la falta de información y la novedad del proceso, pero también a una posible desconfianza en la equidad de las contiendas.

El fenómeno de la subdenuncia no es exclusivo de esta elección judicial. Ha sido una constante en los procesos electorales mexicanos por años. Datos de elecciones federales anteriores reflejan la misma tendencia.

En las elecciones federales de 2024, aunque hubo miles de llamadas a la FISEL (8,395 en total), solo mil fueron para reportar un posible delito electoral, y de estas, apenas 149 se convirtieron en denuncias formales que iniciaron una carpeta de investigación.

Entre 1994 y 2018, la entonces FEPADE -hoy FISEL-, inició 29,147 expedientes por probable comisión de delitos electorales, con un promedio de 1,166 averiguaciones previas o carpetas de investigación al año.

Sin embargo, la cifra negra de delitos no denunciados se estima en más del 90 % en México. Para 2019, la FISEL inició 961 carpetas de investigación.

Estas cifras revelan una brecha abismal entre la cantidad de ilícitos que se cometen o se perciben, y aquellos que son formalmente denunciados y eventualmente sancionados.

¿Por qué los ciudadanos no denunciamos de manera formal?

Según especialistas, múltiples factores contribuyen a este "silencio de las urnas", creando un círculo vicioso de impunidad.

La desconfianza en las autoridades. Es, quizá, el factor más pesado. La ciudadanía percibe que las denuncias no proceden, que la justicia es lenta o que los casos se quedan "en el archivo". La falta de resultados visibles y la baja tasa de sentencias por delitos electorales desincentivan la denuncia. “¿Para qué denuncio si no va a pasar nada?” es la frase recurrente.

El miedo a posibles represalias es otro factor. Quienes son testigos o víctimas de delitos electorales, especialmente la compra de votos o la coacción, suelen temer por su seguridad o la de sus familias si denuncian a operadores políticos o miembros de grupos organizados.

El proceso de denuncia puede ser percibido como engorroso, largo y que requiere tiempo y esfuerzo que la gente no está dispuesta a invertir, sobre todo si los hechos ocurrieron un domingo electoral.

Pero también está el desconocimiento de que se puede denunciar y en dónde. Muchas personas no saben exactamente qué constituye un delito electoral o dónde y cómo denunciarlo.

Aunque la FISEL tiene canales como FISENET (su plataforma en línea) y el número 800-833-72-33 (FISETEL), la difusión de estos medios a veces no llega a toda la población.

La percepción de "normalidad" o "cultura política" es uno de los puntos más preocupantes. Actividades como la entrega de "acordeones", pequeños regalos, o incluso la compra de votos, se han vuelto tan comunes en algunos contextos electorales que, lamentablemente, son vistas como "parte del juego". La sociedad, al estar expuesta a estas prácticas elección tras elección, puede llegar a considerarlas como un mal menor o una costumbre ineludible.

Y para muchas personas en situación de vulnerabilidad económica, la promesa de una despensa, un apoyo monetario o un "favor" a cambio del voto es un incentivo real e inmediato que pesa más que la búsqueda de justicia electoral a largo plazo.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) tiene el mandato de investigar y perseguir estas conductas. Sin embargo, su éxito depende, en gran medida, de la participación ciudadana a través de las denuncias.

Mientras persista la desconfianza, el miedo y la normalización de las prácticas ilícitas, la "cifra negra" de los delitos electorales seguirá siendo un enorme obstáculo para la consolidación de la democracia.