En un mundo que busca la equidad y el respeto a la diversidad, la persistencia de los crímenes de odio representa un oscuro recordatorio de la intolerancia. Estos actos violentos, que van más allá de la agresión física o verbal, se cimentan en el prejuicio y la discriminación, impactando no solo a las víctimas directas, sino a comunidades enteras.
El pasado 16 de junio por la noche, Fabián Barrales y su novio, ambos integrantes de la comunidad LGBTIQ+, cenaban tranquilamente en una sucursal de la taquería La Oriental en el Bulevar Norte, cerca de la CAPU.
Sin motivo alguno, un sujeto desconocido entró y lo atacó con un cuchillo, provocándole heridas en la cabeza y el cuello. Fabián grabó un video para denunciar el ataque, instantes antes de que fuera llevado a un hospital, donde por fortuna se le reporta estable.
#AsíLasCosas ????
— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) June 18, 2025
El ataque ocurrido a Fabián Barrales, integrante de la comunidad LGBTQ+, en una taquería de Puebla está siendo investigado por el área especializada de la FGE; la víctima calificó este hecho como crimen de odio
Él y colectivos LGBTIQ+ denunciaron que se trató de un crimen de odio… pero, ¿qué define exactamente un crimen de odio?, ¿cómo se diferencia de otros delitos? ¿Y cuál es la realidad de este fenómeno en Puebla?
Un crimen de odio, también conocido como delito de odio, se distingue por su motivación. No es un acto de violencia aleatorio o puramente personal; es un acto delictivo cometido contra una persona, grupo o propiedad, motivado total o parcialmente por el prejuicio del perpetrador contra una o más características reales o percibidas de la víctima.
Estas características suelen incluir discriminación contra personas por su procedencia; ataques basados en creencias o prácticas religiosas; violencia contra personas de la comunidad LGBTIQ+ (como fue el caso); agresiones contra individuos transgénero, no binarios y otros.
También se considera el maltrato o abuso a personas con capacidades diferentes; racismo y discriminación racial, y prejuicios y violencia contra personas de la tercera edad o jóvenes.
La clave está en la intención discriminatoria. El agresor elige a su víctima no por un robo, una disputa personal o un altercado fortuito, sino porque la víctima pertenece a un grupo determinado que el agresor desprecia o considera inferior.
La principal diferencia entre un crimen de odio y otro tipo de ataques radica precisamente en esa motivación subyacente.
Un asalto para robar, una pelea por una disputa vecinal o una agresión derivada de un estado de ebriedad, por ejemplo, tienen motivaciones diferentes. El objetivo es el lucro, la resolución de un conflicto personal o el resultado de un impulso, respectivamente.
La agresión es un medio para un fin mucho más perverso en los crímenes de odio, es enviar un mensaje de terror y exclusión a una comunidad. El agresor busca deshumanizar a la víctima y reafirmar un prejuicio social.
Esto genera un efecto dominó de miedo e inseguridad en todo el grupo al que pertenece la víctima, impactando su sentido de pertenencia y seguridad. Además, las penas suelen ser agravadas en la legislación de muchos países, incluyendo México, debido a esta motivación discriminatoria.
Determinar las cifras exactas sobre crímenes de odio en Puebla, como en gran parte de México, presenta un desafío significativo. A menudo, estos delitos no se denuncian como tal, o bien, no se tipifican adecuadamente por diversas razones:
Las autoridades no siempre están capacitadas para identificar la motivación de odio detrás de un ataque; las víctimas pueden temer represalias o revictimización si denuncian.
Los sistemas de registro de delitos pueden no tener categorías específicas para crímenes de odio, dificultando la visibilización; o la tipificación de un "crimen de odio" puede depender de la interpretación del denunciante o del agente receptor.
Si bien no hay estadísticas públicas y actualizadas de 2025 que desglosen específicamente "crímenes de odio" por las características mencionadas para Puebla, diversas organizaciones de la sociedad civil y activistas han alertado históricamente sobre la prevalencia de la violencia por prejuicio en la entidad.
En 2023, se reportó que durante el primer año de operación de la Unidad Especializada para la comunidad LGBTIQ+ en Puebla, se recibieron 95 denuncias de delitos.
Los principales fueron amenazas, robos y violencia familiar. Se destacó que solo 5 % de las denuncias tuvieron como motivo la discriminación por orientación sexual y 8 % consideró que el delito se debió a homofobia o transfobia, lo que resalta lo mencionado arriba en líneas: el desafío en la tipificación
El año pasado, se registraron al menos 80 asesinatos de personas LGBTIQ+ en México, con las mujeres trans siendo el grupo más afectado. Si bien no son cifras exclusivas de Puebla, dan una idea de la magnitud del problema en el país.
Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, durante 2024 se registró un aumento en la comisión de estos delitos, en comparación con 2023, al pasar de 82 a 146 casos en todo el país.
Lamentablemente, las cifras para Puebla en lo que va de 2025 no están desglosadas ni actualizadas, ni aparecen en los reportes de incidencia delictiva que elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
