Miles de autos se acumulan en depósitos vehiculares, generando problemas de espacio y costos para las autoridades, mientras sus dueños enfrentan un creciente calvario legal y financiero.
En los vastos patios de los corralones de Puebla, el tiempo parece haberse detenido para miles de vehículos. Coches, motocicletas y camiones, cubiertos por el polvo y la intemperie, esperan un destino incierto. Son unidades que, por diversas razones —accidentes, infracciones viales o hasta hechos delictivos— fueron remitidas a estos depósitos, y por alguna razón sus propietarios no regresaron por ellas.
Pero, ¿qué sucede realmente con estos vehículos olvidados? Y ¿cuáles son las repercusiones para aquellos dueños que deciden no reclamar sus unidades y, por ende, no saldar las multas y adeudos acumulados?
La realidad es compleja y tiene varias aristas. Los corralones, tanto los operados por el gobierno como por concesionarios privados, se han convertido en verdaderos “cementerios” de vehículos.
La acumulación constante genera un problema de espacio significativo, obligando a las autoridades a buscar soluciones creativas para liberar estos predios. Además del espacio, el mantenimiento de estas unidades, aunque sea mínimo, representa un costo operativo que eventualmente recae en el erario público o en la empresa concesionaria.
Para el propietario que abandona su vehículo en un corralón, las consecuencias no son menores y se agravan con el paso del tiempo. En primer lugar, los costos por arrastre y almacenaje se acumulan día tras día.
Estas tarifas están reguladas y, si bien pueden parecer manejables al principio, se convierten rápidamente en sumas considerables, superando en muchos casos el valor comercial del propio vehículo, especialmente si es un modelo antiguo o con daños.
Pero más allá de los costos de corralón, lo más grave son las multas y recargos por las infracciones que originaron la retención del vehículo. Si el automóvil fue remitido por una falta grave, como conducir bajo los efectos del alcohol, exceder los límites de velocidad de forma significativa o participar en un accidente, las multas iniciales pueden ser altas, y los recargos por mora no tardan en aparecer.
La falta de pago de estas multas y adeudos no solo implica un impedimento para recuperar la unidad. En muchos sistemas estatales, las infracciones de tránsito y los adeudos vehiculares están ligados al Registro Público Vehicular (REPUVE) y a las bases de datos fiscales.
Esto significa que la deuda puede impactar negativamente el historial crediticio del propietario. Aunque no es una deuda bancaria directa, el incumplimiento con las obligaciones gubernamentales puede ser registrado y afectar la capacidad de la persona para acceder a créditos o llevar a cabo otros trámites en el futuro.
En casos extremos, si la deuda es significativa, las autoridades podrían iniciar procedimientos de cobro coactivo, llegando incluso a embargos de bienes para saldar el monto adeudado, aunque esto es menos común para deudas menores de vehículos.
El camino hacia la chatarrización o subasta
¿Cuál es el destino final de estos vehículos olvidados? Después de un tiempo establecido por la ley (que varía según la legislación estatal, pero generalmente oscila entre 90 días y un año), si el vehículo no es reclamado y los adeudos no son cubiertos, las autoridades pueden declararlo en estado de abandono. Una vez declarado, el vehículo puede seguir dos caminos principales:
Si la unidad aún tiene un valor comercial considerable, puede ser valuada y vendida en subasta pública. Los fondos obtenidos se utilizan para cubrir los gastos de arrastre, almacenaje, multas y recargos. Si queda un remanente, este podría ser entregado al propietario, aunque esto es poco frecuente dado el alto costo acumulado.
Para vehículos que son inservibles, demasiado dañados o con un valor residual muy bajo, el destino más común es la chatarrización. Se desmantelan para recuperar piezas útiles o simplemente se compactan y venden como fierro viejo. Este proceso ayuda a liberar espacio en los corralones y a gestionar los residuos.
Es crucial que los propietarios de vehículos comprendan que abandonar una unidad en un corralón no es una solución para evitar una multa o un problema. Al contrario, es el inicio de un problema mayor que puede tener serias repercusiones financieras y legales a largo plazo, transformando lo que podría ser un inconveniente temporal en un verdadero dolor de cabeza con consecuencias duraderas.
La mejor opción siempre será atender de inmediato la situación y saldar los adeudos para recuperar la unidad a la brevedad posible.
