El Gobierno de México ha confiscado 57 propiedades de narcotraficantes, exfuncionarios y familiares de políticos.
Entre los inmuebles incautados en los últimos siete años, según reveló el diario Milenio, se encuentran una casa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Sinaloa, y cuatro residencias de Rafael Caro Quintero en Zapopan, Jalisco.
También se han asegurado bienes de exfuncionarios públicos, como un departamento de lujo de un exadministrador del SAT y un condominio en Ixtapa de la exesposa de Emilio Lozoya, quien estuvo al frente de Petróleos Mexicanos durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2006-2012) y fue vinculado al caso Odebrecht.
El artículo menciona otras incautaciones relevantes, como la de una propiedad de la hija del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, así como la Ex Hacienda San Juan Hueyapan en Hidalgo, vinculada a una persona sospechosa de robo de combustible, delito que la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido combatirá hasta las últimas consecuencias.
Estas acciones han sido posibles gracias a la Ley de Extinción de Dominio, que fue reformada en 2019 para ampliar su alcance y poder incluir delitos de corrupción, encubrimiento, delitos de servidores públicos y robo de hidrocarburos. Dicha herramienta legal es crucial para que los bienes de origen ilícito o que se usen en actos delictivos pasen a ser propiedad del Estado una vez que un juez lo determine.
