La reciente orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, quien enfrenta la medida por no acudir a audiencias vinculadas al litigio que la organización sostiene con Fox Sports México sobre derechos de transmisión, releva de nuevo lo que ya se ha vuelto un patrón preocupante en el futbol mexicano: directivos que terminan bajo proceso penal.
A continuación, un repaso de algunos de los nombres más relevantes que, previo a Martínez, enfrentaron la justicia:
Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas: Por más de 30 años dirigió la cooperativa y el club Cruz Azul. En 2020 se dictó en su contra una orden de aprehensión por delitos que incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Fidel Kuri Grajales: Expropietario del desaparecido Tiburones Rojos de Veracruz, ingresó a prisión en 2021 acusado de fraude por una empresa que reclamaba el impago de un préstamo de aproximadamente 139 millones de pesos. En agosto de 2025 obtuvo prisión domiciliaria.
Carlos Ahumada Kurtz: Empresario de origen argentino-mexicano que adquirió equipos como Club León y Santos Laguna. Fue condenado en 2009 por fraude genérico y estuvo en prisión algunos años; continúa con procesos pendientes.
Roberto Zermeño: Fue dueño del Club León y en 2006 fue acusado por fraude fiscal; permaneció aproximadamente cinco años en prisión.
Emilio Maurer: Exdirectivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), señalado por desvío de fondos por más de 30 millones de pesos. Aunque su caso no tiene la misma cobertura penal prolongada, figura en el listado de directivos “non gratos”.
Víctor Garcés: Relacionado con la cooperativa de Cruz Azul junto con Billy Álvarez, fue objeto de investigaciones por operaciones financieras irregulares en la institución.
Este recuento evidencia un patrón: cuando la gestión de clubes o cooperativas se asocia a malos manejos financieros, conflictos contractuales, deudas millonarias o fraudes, el resultado en México ha sido que directivos entren en litigios judiciales, órdenes de aprehensión o cárcel. El caso de Jesús Martínez se suma a esta lista y plantea de nuevo preguntas sobre la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas en el futbol nacional.
