La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió cerrar su oficina en Caracas por falta de avances en materia de "complementariedad" con Venezuela, anunció este lunes el fiscal adjunto de la CPI Mandiaye Niang.
"En Venezuela. Sin embargo, tras un trabajo continuo, hemos determinado que el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío. Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas", declaró el titular durante la 24 Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma que celebra estos días en La Haya.
Al mismo tiempo, aseguró que la investigación de la Fiscalía de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país se mantiene "centrada y activa", guiada por la evidencia y la ley, a pesar del cierre de la oficina.
El fiscal adjunto no precisó fechas concretas del cierre de la sucursal.
Este mismo lunes, el organismo publicó un informe en el que detalló que en octubre pasado había avisado a las autoridades venezolanas sobre la decisión de "cerrar su presencia en el país para finales de 2025".
El documento revela que en diciembre de 2024, la Fiscalía "expresó preocupación por la falta de reformas legales anticipadas, subrayando que la oportunidad de Venezuela de demostrar su complementariedad se acercaba su límite".
La Corte Penal Internacional cierra su oficina en Caracas ante la falta de cooperación por parte de la tiranía narcoterrorista de Nicolás Maduro.
— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 1, 2025
Después andan pidiendo socorro a los organismos internacionales.
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En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.
Posteriormente, en noviembre de 2021, el orto fiscal adjunto Nazhat Shameem Khan sostuvo una reunión con el presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, desde donde anunció que la CPI determinó abrir una investigación a Venezuela, luego de concluir el examen preliminar por presuntas violaciones de derechos humanos.
En marzo del 2024, la CPI abrió una oficina en Venezuela para apoyar los esfuerzos en materia de justicia, mejorar el diálogo y la asistencia técnica.
Caracas y la Corte Penal Internacional firmaron en 2021 un memorando de entendimiento constituido por cuatro puntos, en los cuales las partes acordaron que Venezuela adoptará todas las medidas para asegurar la administración de justicia; así como establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio del país caribeño.
