En México, a partir del 9 de enero del próximo año, entrará en vigor el registro obligatorio de las líneas telefónicas móviles, según los lineamientos aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Esta medida aplica tanto a líneas nuevas como existentes y busca vincular cada número a una persona física o moral para eliminar el anonimato y reducir delitos como extorsiones y fraudes telefónicos.
Sin embargo, ha comenzado a crecer la preocupación entre amplios sectores de la población, quienes consideran que esta medida podría implicar diversos riesgos.
Damas y caballeros, ya es completamente oficial, a partir del 7 de enero todos los clientes Telcel deberán registrar sus líneas celulares, o se bloquearán…¡¡¡Será obligatorio vincularla a tu identificación oficial con fotografía y CURP!!! pic.twitter.com/D7fI2MTj1l
— Cerebros (@CerebrosG) December 15, 2025
¿Cuáles son esos supuestos riesgos?
En redes sociales y espacios de opinión pública, ciudadanos y especialistas han expresado temores en algunos puntos:
Privacidad y protección de datos: Se crea una base masiva con información personal de más de 140 millones de líneas. Históricamente, padrones similares han generado temores de filtraciones o mal uso de datos. Brechas de seguridad podrían exponer información sensible a hackers o terceros.
Vigilancia excesiva: Aunque no es un padrón centralizado gubernamental, facilita el rastreo de comunicaciones. Críticos argumentan que afecta el anonimato, lo que podría inhibir la libertad de expresión.
Ineficacia contra el crimen: Experiencias en otros países muestran que los delincuentes evaden el registro fácilmente, clonando SIM, usando VoIP, comprando chips extranjeros o robando teléfonos. En México, un padrón previo no redujo significativamente las extorsiones.
Otros impactos: Posibles costos adicionales para operadores, que podrían trasladarse a usuarios y errores administrativos que afecten líneas legítimas, o dificultades para personas vulnerables, sin documentos actualizados.
Pros y contras de esta medida
Ante el inicio del registro obligatorio de líneas telefónicas celulares, el gobierno federal y la Cámara de la Industria de Telecomunicaciones sostienen que la medida permitirá reducir delitos como extorsiones, fraudes y secuestros telefónicos, al eliminar el anonimato en las líneas de prepago, que son utilizadas con frecuencia por la delincuencia.
De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros meses de 2025 se han reportado más de 6,800 víctimas de extorsión telefónica. Las autoridades argumentan que el registro facilitará las investigaciones policiales al brindar mayor trazabilidad de llamadas y números, además de alinear a México con prácticas internacionales vigentes en países como Argentina, Chile, Colombia y Perú, donde el registro SIM es obligatorio.
Añaden que los datos permanecerán bajo resguardo de los operadores privados, protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y que se establecerá un límite de hasta 10 líneas por persona física para evitar abusos.
No obstante, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales y especialistas en seguridad advierten que la medida podría resultar ineficaz contra el crimen organizado, ya que los delincuentes suelen evadir estos controles mediante identidades falsas, clonación de tarjetas SIM, aplicaciones de mensajería y llamadas por internet, uso de chips extranjeros o robo de teléfonos.
Recuerdan que experiencias previas en México, como el RENAUT y el PANAUT, este último declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2022, así como casos en otros países de América Latina, no lograron reducir de forma significativa estos delitos.
Los críticos también alertan sobre los riesgos a la privacidad y a los derechos humanos, al crearse bases de datos masivas que podrían superar los 143 millones de líneas, las cuales serían vulnerables a hackeos, filtraciones o accesos indebidos, como ya ocurrió en padrones anteriores.
Asimismo, señalan posibles impactos económicos y sociales, ya que los altos costos de implementación para los operadores podrían trasladarse a los usuarios mediante incrementos en tarifas, además de que errores administrativos podrían derivar en la suspensión de líneas legítimas, afectando especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, advierten que la suplantación de identidad podría llevar a que ciudadanos inocentes sean vinculados a delitos cometidos con sus datos.
