La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses ha desatado una ola de “condenas” internacionales de varios países, entre ellos México, donde Sheinbaum en repetidas ocasiones ha rechazado estás acciones. Pero ¿para qué sirve “condenar” acciones?
Las condenas internacionales a las acciones de un país suelen ser declaraciones formales de rechazo, pero su impacto real varía mucho y, en muchos casos, se limita a lo simbólico o diplomático, sin consecuencias materiales inmediatas como sanciones obligatorias o acciones coercitivas.
Las condenas diplomáticas cumplen varias funciones clave en el ámbito de las relaciones internacionales y suelen ser una de las primeras respuestas formales ante acciones consideradas controvertidas o violatorias del derecho internacional. A través de comunicados oficiales, discursos o votaciones en foros multilaterales, los Estados buscan dejar constancia pública de su postura y marcar distancia frente a hechos que consideran inaceptables.
Una de sus funciones principales es servir como señal moral y de posicionamiento político. Estas condenas expresan desaprobación pública, refuerzan normas internacionales y permiten a los gobiernos deslindarse de acciones ajenas.
Otra función relevante es la presión reputacional. Las condenas buscan aislar al país objetivo en la opinión pública global, generar un costo político y afectar su imagen internacional. Este “estigma” puede no tener efectos inmediatos, pero sí influye en la percepción de aliados, organismos internacionales y audiencias internas, además de ayudar a otros gobiernos a justificar su propia postura y evitar ser asociados con acciones controvertidas.
Asimismo, las condenas suelen operar como un primer paso hacia acciones colectivas, pues cuando múltiples países se pronuncian en el mismo sentido, se abre la posibilidad de avanzar hacia medidas más contundentes, como resoluciones en la ONU, boicots diplomáticos, suspensión de cooperación o incluso sanciones multilaterales.
Finalmente, estas declaraciones también cumplen una función de propaganda y construcción de narrativa, ya que sirven para moldear la opinión pública tanto interna como externa, reforzar identidades políticas y proyectar valores a través del llamado “soft power”.
Aunque a menudo se les critique por su falta de efectos inmediatos, las condenas diplomáticas siguen siendo una herramienta central para expresar desacuerdo, influir en el debate internacional y sentar las bases de futuras acciones diplomáticas.
¿Hay repercusiones reales más allá del discurso?
En muchos casos, estas expresiones de rechazo no trascienden el plano retórico, sobre todo cuando se dirigen contra potencias con amplio peso político y militar.
Sin embargo, hay contextos en los que las condenas sí pueden traducirse en consecuencias concretas. Cuando son amplias, coordinadas y sostenidas, pueden derivar en sanciones económicas, aislamiento diplomático o presiones multilaterales capaces de modificar conductas.
Casos como las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania o el aislamiento internacional contra el apartheid en Sudáfrica muestran que, bajo ciertas condiciones, la presión internacional puede tener efectos reales. Aun así, estudios señalan que las sanciones sólo logran sus objetivos en aproximadamente 30 a 40 % de los casos, y su eficacia depende en gran medida del consenso y la cooperación internacional.
En este marco, la reiterada postura de México y otros países latinoamericanos frente a Venezuela cumple principalmente una función simbólica y política; no obstante, hasta ahora estas condenas no han generado repercusiones tangibles contra Estados Unidos, más allá de un desgaste reputacional y el aumento de tensiones regionales.
Así, “condenar” se mantiene como una herramienta diplomática de bajo costo y bajo riesgo, útil para defender principios, pero limitada para alterar por sí sola las decisiones de los actores más poderosos del sistema internacional.
