“O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones: mandarlos a otros lugares”, exclamó el ex titular de la Marina Armada Rafael Ojeda a quien luego terminaría ejecutado, el contralmirante Fernando Guerrero, quien justo le había denunciado la red de huachicol fiscal que nos costó a los mexicanos 600 mil millones de pesos de evasión de IEPS.
El mayor atraco de la historia de México pretendía ser ocultado por Ojeda. Creyó conseguirlo tras el asesinato de Guerrero.
No contaba con la existencia de una grabación de la reunión que hace una semana dieron a conocer los periodistas Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro en el programa radiofónico de Carmen Aristegui, lo mismo que de una carta manuscrita por el denunciante.
En el pretendido ocultamiento ¿actuó Ojada motu proprio?
Todo hace suponer que no fue así. Que el titular de la Armada en el sexenio anterior actuó todo el tiempo siguiendo las instrucciones del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador. Disciplinado, pues.
Tal podría confirmarse con la declaración que hiciera, en uno de los shows cómico-político-musicales de AMLO, el entonces todavía fiscal general Alejandro Gertz, quien se sacó de la manga ancha que, supuestamente, Ojeda le había comentado en 2023 su preocupación por lo que en 2025 estallaría en escándalo.
¡Todos actuando bajo la batuta de López Obrador!
Hasta que se les atravesó el gobierno de Donald Trump, y desde Washington se instruyó a la señora Claudia Sheinbaum a “destaparlo”. Por eso su policía Omar García dio a conocer que desde las costas texanas había arribado el puerto de Tampico el buque Challenge Procyon.
Con ello se evidenció una red de huachicoleo fiscal, toda vez que el navío transportaba más de 20.9 millones de litros de diésel ilegal, el doble de lo reportado oficialmente (10 millones), simulando ser aditivos para evadir impuestos. Documentos del SAT confirmaron que la empresa Intanza importó el combustible, reportando la mitad como desaparecida sin explicación.
La Marina fue la comisionada
Lo comentamos aquí hace unas cuantas semanas. El atraco al erario fue, si no ideado sí protegido por López Obrador, quien apenas llegando a Palacio Nacional, le llegó la buena nueva en voz de su secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien había recibido del general Eduardo León Trauwitz todo el knowhow del huachicoleo a las tuberías de Pemex.
La fortuna sonreía a López Obrador quien, de inmediato, mando a cerrar los ductos, provocó una escasez generalizada de diésel y gasolinas, compró una flotilla de pipas –lo que le redituó, por supuesto– y empezó a extender permisos para la importación legal de combustibles que rápidamente fueron clonados, cada uno multiplicado decenas de veces, lo que continuó aún después de concluida la “emergencia”.
Primeros beneficiarios del “bisne” fueron sus tres hijos mayores: José Ramón, Andrés (a) El Andy y Gonzalo (a) El Bobby López Beltrán, quienes usaron los contactos de la esposa, el primero de ellos, y a los amigos de la escuela, los segundos.
Pero el “bisne” creció. También las enormes ganancias.
En un par de años llegó el momento de “institucionalizarlo” o, mejor todavía, de “militarizarlo”.
Aunque en manos de uno de los mejores amigos de El Andy, Antonio Martínez Dagnino, el SAT, su dependencia Aduanas –a cargo de Horacio Duarte, otro incondicional– dejaron de ser funcionales para el “bisne” por las sospechas de enorme corrupción que comenzaron a levantar en Washington.
AMLO decidió entonces que, ocupado como ya estaba el Ejército en innumerables tareas que también redituaban enormes recursos a su causa, debería ser la Marina Armada la que se encargara de administrar lo que ya para entonces comenzó a denominarse como “huachicol fiscal”, esto es, el ingreso al territorio nacional de combustibles más baratos provenientes de Texas sin que pagaran los tributos correspondientes al fisco.
Hasta dispuestos a matar
AMLO citó entonces a la cabeza de la institución, almirante José Rafael Ojeda Durán y le encomendó continuar con la tarea que, para ese momento, ya llevaba un par de años en marcha.
Acostumbrado a recibir órdenes, Ojeda comenzó a cumplirlas cabalmente. Quizá miró a su alrededor y al no encontrar entre las filas de la institución a nadie a quien les tuviera más confianza que a sus sobrinos, les ordenó que pusieran manos a la obra.
Para ello inició su rápida promoción. Y tanto Manuel Roberto como Fernando Farías Laguna escalaron a toda velocidad los puestos de mando, al tiempo que reclutaban a otros marinos para armar la red con empleados venales de Aduanas, empresarios y hasta jueces a quienes a cabo de migajas pusieron al servicio del jugoso “bisne” de El Rey del Cash, de sus hijos, y de los más cercanos a López Obrador: gobernadores y candidatos a sucederlos, el dirigente formal de Morena, Mario Delgado, más empresarios como Alfonso Romo quien, a través de su casa de bolsa, “lavaba” y reenviaba a paraísos fiscales los recursos producto del contrabando, más aduanales, más sus socios, los miembros de la delincuencia organizada –“el pueblo”, como aún les llama AMLO–, quienes también se llevan su tajada del pastel y que, se ha visto, están siempre dispuestos a matar si es que hace falta, si así los ordena el “almirante” AMLO.
El denunciante, contralmirante Guerrero, fue una de sus varias víctimas.
Indicios
AMLO no puede alegar que el huachicol fiscal tomó por sorpresa a él y a su gobiernito. Desde 2019 el exgobernador tamaulipeco Francisco Javier Cabeza de Vaca –ahora perseguido por la “justicia”-- se lo informó cara a cara. Y López se invistió en therian, ¡pues se hizo buey! * * *
