La transformación del excereso de Atlixco en un museo, no solo representa un acto de recuperación patrimonial, sino que también se inscribe en un proceso más amplio de reestructuración del sistema penitenciario en Puebla.
En los últimos diez años, la entidad ha cerrado siete centros de reinserción social municipales y distritales, en una estrategia que buscó atender daños estructurales, condiciones violatorias de derechos humanos y baja ocupación, sin que ello derivara en una nueva crisis de hacinamiento.
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Entre 2017 y 2024 dejaron de operar los penales de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros, evacuados tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 por afectaciones estructurales que comprometían la seguridad de internos y personal.
A estos se sumaron Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán, cuyos cierres se concretaron entre agosto y octubre de 2024, tras recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, la CNDH otorgó a Puebla una calificación de 5.02 sobre 10 y recomendó la clausura de estos centros por presentar sobrepoblación, deficiencias en alimentación, falta de personal capacitado e infraestructura en riesgo de colapso.
Zacatlán, fundado en 1898, operó durante casi un siglo, mientras que otros como Chignahuapan registraban hacinamiento y condiciones inadecuadas.
En total, 232 personas privadas de la libertad fueron reubicadas en centros estatales con mayor infraestructura, principalmente en el Cereso de San Miguel, en la capital; en Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, así como en Huauchinango para los internos provenientes de la Sierra Norte.
Contrario a lo que podría suponerse, los cierres no generaron sobrepoblación general en el sistema, históricamente, Puebla arrastraba problemas de hacinamiento desde al menos el año 2000, con un pico en 2014 de casi 9, 550 internos frente a 6, 012 espacios disponibles.
Sin embargo, al cierre de 2024 el estado reportó 7,444 personas privadas de la libertad en una capacidad instalada de 7,587 espacios, es decir, 143 lugares disponibles, lo que marcó la primera vez en al menos 25 años sin sobrepoblación general.
Datos de enero de 2026 indican que el sistema penitenciario estatal alberga a 7,304 internos en 16 centros, con una capacidad aproximada de 7,579 espacios, lo que representa 275 lugares disponibles a nivel estatal.
No obstante, persisten desequilibrios. Penales como San Pedro Cholula operan al 185 % de su capacidad, mientras que Huejotzingo, Libres y Acatlán también superan sus límites.
Esta disparidad responde más a la concentración de población en instalaciones modernas y al crecimiento natural de la población penitenciaria que a los cierres efectuados en 2024.
