En medio de la creciente polarización política nacional, el juicio político volvió al centro del debate público tras las acciones impulsadas por el PAN y Morena contra gobernadores de oposición y oficialismo, respectivamente.
Acción Nacional presentó una solicitud de juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de los señalamientos hechos desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.
En respuesta, Morena anunció que buscará un procedimiento similar contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, a quien acusa de permitir una supuesta intervención extranjera mediante agentes de la CIA, situación que, afirman, vulneraría la soberanía nacional.
????Morena va por desafuero de Maru Campos
— Azucena Uresti (@azucenau) May 12, 2026
Ariadna Montiel, dirigente del partido, convocó a una movilización el próximo sábado para pedir el juicio político contra la gobernadora de Chihuahua. pic.twitter.com/M5thXwjBsF
Estos casos han reavivado la discusión sobre el alcance real del juicio político en México y su utilización como mecanismo de presión partidista. Pero ¿qué es el juicio político?
Es un procedimiento previsto en los artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fincar responsabilidad política, no penal, a altos funcionarios públicos por actos u omisiones graves que afecten los intereses públicos fundamentales o el correcto desempeño de sus funciones.
A diferencia de un proceso penal ordinario, su finalidad principal es la destitución e inhabilitación del servidor público para ejercer cargos públicos; si durante el procedimiento se detectan posibles delitos, el caso puede remitirse a las autoridades judiciales competentes.
Entre las sanciones contempladas están la separación del cargo y la inhabilitación para ocupar funciones públicas durante el tiempo que determine el Senado.
¿Quiénes pueden ser sujetos de juicio político?
La Constitución establece que pueden ser sujetos de este procedimiento:
- Senadores y diputados federales
- Ministros de la Suprema Corte
- Magistrados y jueces federales
- Secretarios de Estado
- Fiscal General de la República
- Consejeros del INE y titulares de órganos autónomos
- Gobernadores, diputados locales y magistrados estatales, cuando existan violaciones graves a la Constitución federal o manejo indebido de recursos federales
Las principales causales incluyen ataques a las instituciones democráticas, violaciones graves a derechos humanos, afectaciones a la libertad de sufragio, usurpación de funciones o infracciones graves a la Constitución y leyes federales.
¿Cómo funciona el procedimiento?
Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia por escrito ante la Cámara de Diputados acompañada de pruebas, el procedimiento inicia en esta área, donde una subcomisión analiza la denuncia y, posteriormente, el pleno determina si procede la acusación. En caso de avanzar, el Senado actúa como jurado de sentencia y define si existen elementos para aplicar sanciones políticas.
En el caso de gobernadores, la resolución del Senado tiene carácter declarativo y corresponde a los congresos locales ejecutar las medidas correspondientes.
Aunque el juicio político es una figura constitucional de alto impacto, en la práctica su aplicación efectiva ha sido limitada. Entre los casos más relevantes de juicio político en México destaca el del exgobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, quien fue señalado por omisiones graves en materia de seguridad y presunta tolerancia a la delincuencia organizada. Bajo presión política presentó su renuncia y posteriormente fue inhabilitado por más de una década, en un caso que además llevó a la SCJN a confirmar que los gobernadores pueden ser sujetos de juicio político.
Otro caso emblemático fue el de Rosario Robles, ex secretaria federal involucrada en la llamada “Estafa Maestra”. Aunque la Cámara de Diputados aprobó un juicio político en su contra buscando su inhabilitación, en el ámbito penal fue absuelta años después al considerarse que las irregularidades tenían carácter administrativo y no delictivo.
En contraste, numerosos exgobernadores y funcionarios, como Roberto Sandoval, Francisco García Cabeza de Vaca, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, enfrentaron principalmente procesos penales o solicitudes de desafuero, más que juicios políticos exitosos. En la mayoría de los casos, estos procedimientos no prosperaron plenamente o quedaron marcados por disputas políticas e impunidad.
Aunque jurídicamente el juicio político representa uno de los mecanismos más severos de control constitucional, su viabilidad dependerá en gran medida de las correlaciones de fuerza en el Congreso de la Unión y de las legislaturas locales.
