Los ingresos a los centros penitenciarios en México en 2025 sumaron 157.457 personas, lo que representa un aumento de 19,2 por ciento respecto al año anterior, según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2026, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (Inegi).
"Durante el año pasado 157.457 personas ingresaron a centros penitenciarios para adultos y a centros especializados para adolescentes: 2.693 en centros penales federales y 154.764 en centros estatales y centros especializados", detalla el informe oficial.
Los delitos del fuero federal contemplan el narcotráfico, delincuencia organizada, tráfico de armas de fuego y explosivos, robo y comercialización ilícita de combustible, fraudes financieros, delitos electorales federales o ataques a las vías de comunicación.
Al cierre de 2025, la población privada de la libertad o internada ascendió a 231.436 personas, según el censo oficial.
Del total, 20.441 personas estuvieron detenidas en los centros penales federales y 211.025, en los centros penales de los 32 estados del país.
De ese total, 229.682 eran adultos y 1.754, adolescentes.
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Los hombres representaron 93,8 por ciento (217.176) de las personas detenidas en centros penales, y las mujeres un 6,2 por ciento (14.260) de la población privada de la libertad.
En los ingresos a esos centros penales durante 2025, el 90,8 por ciento correspondió a hombres y 9,2 a mujeres.
Con esas cifras, la tasa nacional de personas privadas de la libertad o internadas fue de 186,3 por cada 100.000 habitantes.
Entre quienes ingresaron en 2025, un 21,3 por ciento contaba con antecedentes penales.
En promedio, había 72,4 personas por cada 100 espacios disponibles en los centros penitenciarios federales, en cambio, había 119,2 por cada 100 espacios en los estatales, lo que muestra un sobrecupo de casi 20 por ciento en el ámbito de los estados del país.
El pasado 14 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades mexicanas detuvieron a 59.500 presuntos delincuentes por delitos violentos o de "alto impacto" desde el comienzo del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, hasta el cierre de junio pasado.
Organismos de derechos humanos señalan que aproximadamente el 40 por ciento de las personas privadas de la libertad en México se encuentran en condición de "prisión preventiva", es decir, sin sentencia judicial.
