Un nuevo estudio nacional de Polister Encuestadora muestra que el intento de regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa enfrentaba un alto costo político para Morena, el gobierno federal y el propio gobernador.
La encuesta, levantada los días 21 y 22 de agosto de 2026, midió la opinión ciudadana sobre el intento de regreso de Rocha a la gubernatura tras los señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El estudio tuvo una muestra total de 1,000 entrevistas a personas mayores de 18 años con residencia en México.
El caso ya tenía un nivel importante de conocimiento público: 60.3% de los entrevistados dijo estar informado sobre el intento de regreso de Rocha, mientras que 12.2% afirmó haber escuchado algo, aunque sabía poco. En conjunto, 72.5% tenía algún nivel de conocimiento del caso.
Entre quienes estaban informados o parcialmente informados, 60.3% dijo estar en desacuerdo con que Rocha hubiera intentado regresar al cargo, frente a 29.9% que estuvo de acuerdo y 9.8% que no tomó postura.
La credibilidad personal del gobernador también aparecía debilitada. Ante la frase de Rocha de que regresaba “con la frente en alto”, 61.4% respondió que no le creía, mientras que 26.1% dijo que sí le creía y 12.5% no supo responder.
El estudio también muestra que el intento de regreso no fue leído mayoritariamente como una decisión estrictamente personal. Un 49.1% de los informados consideró que tuvo respaldo político del gobierno federal o de Morena, mientras que 11.5% dijo que fueron ambas cosas: una decisión personal y con respaldo político. Solo 30.0% lo interpretó como una decisión personal de Rocha.
Estos datos ayudan a explicar por qué el oficialismo buscó tomar distancia del regreso de Rocha, al presentarlo como una decisión personal y no como una determinación del gobierno o del partido. Para una parte importante de la opinión pública informada, el intento de regreso no solo comprometía al gobernador, sino que también podía arrastrar al gobierno federal y a Morena.
La percepción de protección política también fue mayoritaria. 54.9% de quienes estaban informados sobre el caso consideró que las autoridades mexicanas estaban protegiendo políticamente a Rocha, frente a 27.6% que dijo que lo estaban investigando. Otro 10.9% señaló que las autoridades estaban esperando pruebas de Estados Unidos.
El costo para el gobierno federal aparece con claridad en una de las preguntas centrales del estudio: 68.9% consideró que el gobierno federal debía pedirle a Rocha que se apartara del cargo hasta que se aclararan los señalamientos en su contra. Solo 15.5% opinó que debía respaldarlo públicamente y 10.3% señaló que debía mantenerse al margen.
La encuesta también identificó una percepción de doble estándar. 53.5% de los informados cree que, si Rubén Rocha fuera gobernador de oposición, Morena pediría que dejara el cargo. En contraste, 32.2% considera que Morena actuaría igual que con Rocha y 14.3% no sabe.
En el dilema entre soberanía e investigación, la preocupación por posibles vínculos de políticos mexicanos con el narcotráfico pesó más que la lectura de intervención extranjera. Un 43.1% dijo que le preocupa más que políticos mexicanos puedan estar vinculados con el narco, mientras que 19.2% señaló como principal preocupación que Estados Unidos pueda intervenir en la política mexicana. Otro 25.9% dijo que ambas cosas le preocupan por igual.
Finalmente, el impacto sobre Morena fue claro: 65.4% consideró que el intento de regreso de Rubén Rocha afectaba la imagen del partido, frente a 25.5% que dijo que no la afectaba y 9.2% que no supo responder.
“Los datos muestran que el intento de regreso de Rubén Rocha tenía un costo político muy alto. No era solo un problema personal del gobernador: su regreso afectaba a Morena, comprometía al gobierno federal y alimentaba la percepción de protección política. En ese contexto, que el oficialismo buscara despegarse del regreso e incluso orillara a Rocha a pedir una nueva resulta políticamente entendible”, señaló Ana Milagros Oreja, directora de Polister Encuestadora.
En conjunto, los resultados sugieren que el intento de regreso de Rubén Rocha se volvió difícil de sostener en términos de opinión pública. La mayoría de quienes conocían el caso rechazaba su reincorporación, no le creía al gobernador, percibía protección política y consideraba que el episodio dañaba la imagen de Morena.
