Ex presidente ecuatoriano Bucaram y su hijo son condenados a 9 años de cárcel

El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (1996-1997) y su hijo Jacobo fueron sancionados con nueve años y cuatro meses de privación de libertad tras ser hallados culpables del delito de delincuencia organizada para la venta de, al menos, 21.000 pruebas de detección del virus de covid 19, según la sentencia del tribunal, en un fallo que el exmandatario adelantó que va a apelar.

"La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria con una pena máxima agravada de nueve años y cuatro meses de privación de la libertad contra Abdalá B. O. y su hijo, Jacobo B. P., señalados como colaboradores del delito de delincuencia organizada", señaló la entidad pública en su página digital.

La condena se logró luego de más de cinco años del proceso judicial y tras la ausencia de Bucaram a unas seis audiencias para escuchar el veredicto, incluido su más reciente ingreso hospitalario.

Poco antes de conocerse la sentencia, el exmandatario emitió una carta donde rechazó la condena y afirmó que "el país conocerá las cosas horrorosas de este proceso".

"Vamos a esperar el informe escrito, vamos a apelar y serán los juzgadores los que tengan que ser sentenciados", afirmó a medios locales a primeras horas de este jueves.

En el mismo caso fueron sancionados el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT), Leandro B., quien recibió la sentencia de 13 años y cuatro meses, y Sheinman O., a dos años y ocho meses, ambos acusados como autores directos.

Según la teoría del fiscal, entre marzo y agosto de 2020 los acusados conformaron una estructura delictiva organizada que cometió delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, peculado de uso y falsificación de documentos públicos.

Además de las pruebas de detección del virus de covid 19, los implicados fueron señalados de la comercialización de mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo, entre otros insumos médicos, sin registro único de contribuyentes, sin cumplir las obligaciones tributarias y sin tener la autorización para ejercer dicha actividad.

La Fiscalía señaló que pudo sustentar que Jacobo Bucaram adquirió las 21.000 pruebas de covid-19 por 321.000 dólares en efectivo cuyo origen no pudo justificar, a través de los canales del sistema financiero nacional, lo cual fue fundamentado en la versión de Shy D., un ciudadano extranjero investigado y posteriormente asesinado en una cárcel.

El informe de Fiscalía señala que las pruebas médicas adquiridas fueron trasladadas al domicilio del exmandatario junto a otros insumos, lo cual fue corroborado en las pericias correspondientes.

El expresidente, por su parte, afirmó que la sentencia en su contra es nula.

"La sentencia está totalmente nulitada (...) En EE.UU. no se permitiría que un juez sea parte de una causa donde él odia al acusado", señaló.