El dolor físico provocado por alguna enfermedad o condición que genere el deterioro del ser humano provocará tanto en la persona que lo padece como en sus cuidadores, el interés legítimo de aliviarlo sobre todo cuando se trata de un proceso largo donde los tratamientos médicos ya no dan resultado.
Desde hace ya varios años se había iniciado en Puebla la posibilidad de ampliar la discusión y la despenalización de la eutanasia o bien, incluir procesos paliativos que alivien el dolor físico de las personas que se encuentran en fase terminal. Esta iniciativa ha estado a cargo de la fundación Amparo, a través de la asociación civil DMD México (Por el Derecho a Morir con Dignidad).
Esta asociación ha procurado una serie de encuestas nacionales donde se revela que el 73% de los mexicanos respalda la legalización de la eutanasia en casos de enfermedades terminales irreversibles. Este dato demuestra un cambio profundo en la mentalidad de una sociedad que, de manera mayoritaria, busca regular las alternativas médicas frente al final de la vida, al grado de que el 68% de los ciudadanos desearía contar con esta opción de forma personal ante un diagnóstico incurable.
También los estudios de la asociación que pueden consultarse en si sitio oficial https://dmd.org.mx/?page_id=7657 muestran que el 55% de los encuestados prefiere la eutanasia activa, donde un especialista administra el procedimiento, mientras que el 39% optaría por el suicidio asistido para tomar los medicamentos por cuenta propia. Asimismo, existe un consenso abrumador del 79% a favor del uso de analgésicos potentes para mitigar el dolor extremo, asumiendo el riesgo de que estos fármacos reduzcan de forma indirecta el tiempo de vida restante del paciente.
Al respecto, el pasado martes el sacerdote Pedro Sánchez Priego, quien también es médico y doctor en Bioética y con una larga trayectoria de investigación académica, presentó su más reciente libro La lógica del abismo. Análisis personalista a la pendiente resbaladiza de la eutanasia, donde aborda desde una visión multidisciplinaria, todo lo que se implica la decisión del suicidio médicamente asistido, donde se hace énfasis en la preservación de la dignidad humana.
El debate ha trascendido y ya existe una propuesta en la Cámara de Diputados para analizar la despenalización de la eutanasia y diseñar las políticas públicas necesarias y la práctica clínica a nivel global. Esta evolución cultural y legal replantea las nociones tradicionales sobre la dignidad humana, el papel del Estado y el cuidado de los sectores más vulnerables de la sociedad, modificará sin duda los cimientos éticos de la medicina contemporánea.
En este libro aborda de manera magistral el deterioro social y lo que se define con la pendiente resbaladiza entendida en el ámbito de la medicina y la bioética como un argumento que advierte, que aceptar una práctica médica inicialmente moderada y justificada conducirá inevitablemente a la aceptación de prácticas extremas, peligrosas e inmorales. Como ya se ha demostrado en países donde la práctica de la eutanasia ya es legal, tal es el caso de Países Bajos o Bélgica, lugares en los que incluso se ha llegado a documentar la muerte de ancianos que no han manifestado su voluntad de morir, pero que el sistema en esos “países avanzados”, ya los consideran un estorbo y una fuga interminable de recursos en procedimientos paliativos, al grado que el suicidio médicamente asistido se ha convertido en una causa de muerte frecuente.
Actualmente en la Ley General de Salud en México y en de diversas entidades del país, se permite la eutanasia pasiva. Esto significa que un paciente en etapa terminal (o su familia) tiene el derecho legal de rechazar tratamientos médicos, cirugías o soportes artificiales para dejar que la muerte ocurra de forma natural, siempre acompañados de cuidados paliativos para evitar el dolor.
Es ese el tema central de la propuesta de la Asociación DMD donde destaca la prioridad de los Cuidados Paliativos Obligatorios Previos, es decir, antes de realizar cualquier procedimiento de muerte asistida, el Estado y las instituciones de salud públicas y privadas deben:
- Garantizar el acceso universal a medicamentos y tratamiento del dolor.
- Brindar acompañamiento psicológico, social y tanatológico tanto al paciente como a su familia.
- Evitar que la muerte voluntaria asistida sea la única salida para personas en situación de abandono institucional o vulnerabilidad socioeconómica.
También se propone el Fortalecimiento de la Voluntad Anticipada como un recurso preventivo, donde cualquier ciudadano con plena capacidad legal pueda estipular de antemano el rechazo a la a los soportes artificiales si llega a caer en un estado irreversible.
Otro aspecto importante es la Objeción de Conciencia, donde se pretende asegurar que ningún personal médico o enfermero sea obligado a participar en el procedimiento si este entra en conflicto con sus convicciones éticas o morales.
Este es sin duda un tema que aún dará mucho que hablar, donde el texto del sacerdote Pedro Sánchez, se convierte en una guía imprescindible para los responsables de las políticas públicas en materia de salud, quien señala que “al despenalizar y legalizar la eutanasia, el Estado no estaría liberando al ciudadano, sino que está institucionalizando la mirada del descarte y rompiendo el pacto de confianza que sostiene a la civilización…el futuro de la dignidad humana depende de su capacidad para desenmascarar las falacias del utilitarismo y para proponer con rigor y pasión, una cultura que celebre la vida en todas sus etapas y condiciones. La vida siempre es un bien, y protegerla en su hora más oscura es el mayor de los honores y el más sagrado de los deberes”.
¡Vamos a hacerlo diferente!
